Fiscalía solicita condena histórica contra expresidente Uribe por manipulación de testigos

Bogotá, 24 de junio de 2025. En un hecho sin precedentes para la justicia colombiana, la Fiscalía General de la Nación, representada por la fiscal Marlenne Orjuela, solicitó formalmente una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por tres delitos: fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal. Durante los alegatos finales del juicio oral en el Juzgado 44 Penal de Bogotá, Orjuela afirmó que las pruebas recopiladas durante más de cinco meses de proceso con testimonios de 90 testigos demuestran que Uribe actuó como «determinador» de una estrategia para manipular el curso de la justicia. Según la Fiscalía, el exmandatario «ideó, promovió y respaldó» un plan destinado a forzar la retractación de testigos clave mediante terceros .

La acusación detalla que Uribe utilizó intermediarios, incluido su exabogado Diego Cadena, para presionar a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, con el objetivo de que se retractaran de declaraciones que vinculaban al expresidente con grupos paramilitares durante la década de 1990. Las pruebas presentadas interceptaciones telefónicas, documentos, videos y testimonios revelarían ofrecimientos de beneficios jurídicos y económicos a cambio de versiones falsas que construyeran «una narrativa exculpatoria». La fiscal Orjuela subrayó que esta evidencia «supera con suficiencia el estándar de certeza» y deja «sin asomo de duda» la responsabilidad del acusado en la trama .

El caso, que se remonta a investigaciones iniciadas en 2018 por la Corte Suprema, tiene como víctima al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien fue objeto de un proceso penal fabricado según la Fiscalía. El fallo, ahora en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia, debe emitirse antes del 8 de octubre de 2025 para evitar la prescripción de los delitos. De confirmarse la condena, Uribe se convertiría en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente tras su mandato, marcando un hito en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios .

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