El Senador se encuentra detenido en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, luego que fuera detenido por agentes del CTI por presunta corrupción.
El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, ha sido detenido bajo graves acusaciones de corrupción, vinculándolo a un elaborado cartel que orquestaba contratos irregulares en distintos departamentos con el objetivo de desviar fondos públicos.
Las investigaciones revelan que Ramírez habría manipulado más de diez contratos, especialmente en los departamentos de Quindío, Tolima y Valle del Cauca, entre finales de 2020 y finales de 2022.
El Senador se encuentra detenido en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, luego que fuera detenido por agentes del CTI.
En la investigación también se mencionan los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernando Motoa; y del excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García, miembros de los partidos Cambio Radical, la U y Centro Democrático.
El foco de las irregularidades se sitúa en un acuerdo interadministrativo del año 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y la entidad Proyecta. Este oscuro entramado de corrupción, apodado Las Marionetas, parece haber operado durante años, involucrando al fallecido congresista Mario Castaño, líder del entramado y que falleció de un infarto estando detenido en la Cárcel Picota
El padre de Ramírez, Ciro Ramírez Pinzón quien también fue congresista durante más de 24 años falleció el pasado 30 de julio y estaba condenado por la “Parapolítica”.
Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, ha proporcionado información clave al afirmar que Ramírez habría solicitado entre el 10% y el 15% de cada contrato, acumulando ganancias que superarían los mil millones de pesos.
Además, Herrera sostiene que el senador no solo se beneficiaba económicamente, sino que también influía en la selección de contratistas para diversos proyectos En diferentes entidades y departamentos.
Katherine Rivera, quien trabajó en la UTL de Ramírez, y el contratista Anderson González, fueron imputados en octubre por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no han sido aceptados por ninguno de ellos.
Fuente: Pulzo
