Según el expediente, en las elecciones legislativas de 2018 una “organización criminal electoral” armó una de las redes más grandes de la que se tiene registro.
Arturo Char, integrante de una de las familias más poderosas del Caribe, hoy está recluido en La Picota de Bogotá tras la orden de captura que la Corte Suprema de Justicia emitió en su contra. Char es acusado por, supuestamente, participar en un acuerdo delictivo para la compra de votos en favor de Aída Merlano.
Char, su familia y el jefe de su partido, Germán Vargas Lleras, han dicho que confían en que la situación se aclarará y que el exsenador atenderá todos los requerimientos de la justicia para desmentir lo dicho por Merlano, la protagonista y testigo principal del caso, hoy condenada.
Según el expediente, en las elecciones legislativas de 2018 una “organización criminal electoral” armó una de las redes de compra de votos más grandes de la que se tenga noticia. Cerca de 1.000 personas, entre políticos, empresarios y particulares, conformaron un grupo para comprar y vender sufragios en Barranquilla y municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar.
La complejidad de la operación quedó evidenciada desde el funcionamiento de la sede de campaña de Aída Merlano, “Casa Blanca”. Al lugar solo entraban líderes y coordinadores carnetizados, quienes estaban registrados con nombres y cargo y, además, recibían una mensualidad para ordenar el proceso y no dejar la campaña por el ofrecimiento de otros políticos.
Cuando los líderes o mochileros armaban sus planillas de votantes, recibían un adelanto de $ 15.000, más otros $ 20.000 si era necesario cambiar de puesto de votación. Toda la información era manejada por un equipo administrativo que, según la Corte, tenía hasta su propio software para comparar la información con la de la Registraduría.
En la operación también participaban los llamados “didactas” y “punteadores”, encargados de ayudar a verificar el voto y entregar un sticker con la frase “Gracias por tu apoyo” y un código QR. Con el sticker y el certificado, los líderes cobraban $35.000 más y los pagaban a los votantes. Con cada código QR se identificaba a qué líder correspondía cada voto e incluso se pagaba una comisión a los que tuvieran los mejores resultados.
Según Aída Merlano, el dinero para la compra de votos, aún no determinado por las autoridades, habría salido de “coimas” que contratistas como Faisal Cure y Julio Gerlein, entre otros, pagaron presuntamente por contratos con las administraciones de la casa Char. Esta versión la han negado todos los involucrados.
Según Arturo Char, su “inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso, tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra”.
Entre tanto, el abogado de Aída Merlano, Miguel Ángel del Río, aseguró que con la decisión de la Corte, los Char se quedan sin argumentos para decir que Aida Merlano no tiene pruebas. Además, dijo que “ahora vamos por Alejandro, su hermano”, haciendo referencia a Alejandro Char, quien en este momento aspira a la Alcaldía de Barranquilla.
Fuente: Pulzo
