La hermana de la víctima lleva a cabo un proceso para que los 11 hijos de la mujer reciban ayuda, pero las autoridades le dijeron algo que no esperaba.
La Alcaldía de Medellín y la familia de Claudia Gómez (hermana de la congresista antioqueña Susana Boreal) están en un pleito jurídico por establecer la responsabilidad del Estado en la muerte de Gómez, quien fue asesinada por su expareja en noviembre del 2017, una semana después de haberlo denunciado por maltrato en una Comisaría de Familia que habría actuado de forma negligente.
En la mañana de este domingo el diario El Espectador publicó los testimonios de la familia Gómez quienes acusan a la Alcaldía de Medellín de responsabilizar a la víctima de su propia muerte en una actitud revictimizante.
Gómez fue asesinada por Andrés Felipe González, quien era el esposo y el padre de sus 11 hijos, en la madrugada del 15 de noviembre del 2017. Una semana antes de la fecha del crimen, la mujer había ido acompañada por una de sus hijas a la Comisaría 12 de Medellín. Allí, narró la violencia de la que era víctima desde hacía años y alertó a la secretaria sobre las amenazas de muerte que había recibido de su pareja. Mientras eso ocurría, cuenta la hija que la acompañó, González llegó iracundo a la misma Comisaría a gritar y a amenazar a la denunciante.
Finalmente, Gómez salió de la Comisaría con la copia de un documento que establecía una orden de alejamiento según la cual González no podía acercársele a menos de 200 metros, no podía entrar a la casa, y advertía que, en caso de volver a agredir a su esposa, se enfrentaría a un proceso penal.
Pero una semana después de recibir ese documento, Gómez fue asesinada por González, quien entró de madrugada a la vivienda y le disparó varias veces en frente de sus hijos. El hombre, que se entregó a las autoridades al día siguiente, fue condenado a 33 años y cinco meses de cárcel por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
La familia Gómez le dijo a El Espectador que considera que el distrito de Medellín es el responsable de la muerte de Claudia por no haberle garantizado su seguridad después de que ella pidió ayuda en la Comisaría de Familia. Por esto, están exigiendo ante una jueza administrativa que el distrito repare los perjuicios ocasionados para con este dinero garantizar la calidad de vida de los hijos huérfanos que todavía son menores de edad.
Una de las pruebas que demostraría la negligencia de la Comisaria en este caso es que nunca le hicieron saber a la Policía sobre el riesgo al que estaba expuesta Claudia.
Según respondió la comisaria Isabel Cristina Escobar a un derecho de petición interpuesto por los padres de Gómez y que fue citado por el diario bogotano, la copia de la denuncia nunca llegó a la Policía del barrio porque el transporte de la Comisaría estaba ocupado en “trasladar a la comisaria de familia encargada a capacitaciones oficiales que tenía programadas”. Luego, en una audiencia, la comisaria dijo que era la misma Gómez quien debió haber ido a la estación de Policía a entregar la copia de la denuncia.
Los familiares de la víctima dicen que no entienden cómo la comisaria no hizo una llamada ni mandó un correo electrónico para alertar a las autoridades del riesgo que corría Gómez.
Pero según reveló El Espectador, la respuesta revictimizante a este caso de feminicidio no es una postura solamente de Escobar, que no atendió el caso sino de la Administración de la ciudad en general. En una comunicación firmada por el alcalde Daniel Quintero y enviada a la jueza del caso el pasado 23 de marzo se responsabiliza a Claudia Gómez de su asesinato:
“Pese a la medida de alejamiento o prohibición de acercase, el fin de semana anterior a los hechos del feminicidio, Claudia Patricia Gómez Castaño accedió a verse con (el asesino) faltando de esta manera al autocuidado”, se lee en el comunicado.
Según la Alcaldía, esto lo pudo establecer por medio de las declaraciones de tres hijas adolescentes de Gómez. “La efectividad de las medidas de protección no depende de manera absoluta de las autoridades de policía”, argumenta la administración distrital en la misiva enviada a la jueza.
Al respecto, el alcalde Daniel Quintero le respondió al medio capitalino que a pesar de haber firmado esta respuesta, esta no lo representa a él sino a la pasada administración de Federico Gutiérrez, pues fue durante en su periodo como alcalde que sucedieron los hechos. Sin embargo, la demanda fue apenas admitida el 20 de enero del 2020, cuando Quintero ya estaba en La Alpujarra. Sobre esto el mandatario respondió que “no importa porque se refiere a unos hechos que ocurrieron antes”.
Entre enero y mayo de este año, en el valle de Aburrá se han cometido 19 asesinatos de mujeres según el Observatorio Feminicidios Colombia. De estos, 9 han ocurrido en Medellín y, de ese total de víctimas, dos ya habían pedido ayuda a las autoridades. El año pasado fueron 17 las víctimas, 9 menos que en 2021 y 19 menos que en 2019, el año en el que más se han presentado feminicidios en el último lustro, según la Secretaría de Seguridad.
Fuente: Pulzo
