La Jefe del Ministerio Púbico señaló que con el seguimiento al Acuerdo de Paz se está aportando a construir historia como Nación, indicando que el tercer informe contiene 322 recomendaciones dirigidas a 53 entidades públicas.
También indicó que “la Procuraduría constituyó agencias especiales para intervenir en los procesos judiciales de 420 crímenes contra lideresas y líderes sociales y 250 hechos victimizantes contra personas en proceso de reincorporación”.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó las conclusiones, avances y retos del Tercer Informe sobre la Implementación del Acuerdo de Paz al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como producto del análisis realizado por la Entidad entre abril de 2020 y marzo de 2021.
La Jefe del Ministerio Púbico señaló que, con el seguimiento a este Acuerdo el órgano de control está aportando a construir historia como Nación, indicando que el tercer informe contiene 322 recomendaciones dirigidas a 53 entidades públicas que tienen competencia para su ejecución.
Según la Procuradora Cabello es fundamental monitorear los “cuellos de botella” en los territorios, bajo el acompañamiento preventivo del Ministerio Público y trabajar articuladamente en la implementación del Acuerdo Final.
En su intervención, señaló que frente a la implementación del Acuerdo de Paz “se deben mejorar las condiciones de seguridad en los territorios, la titulación de tierras a campesinos y reforzar acciones para fortalecer el enfoque de género y étnico”.
Frente a los resultados relacionados con la Reforma Rural Integral manifestó que el 29% de siete millones de hectáreas contempladas en el Acuerdo de Paz han sido formalizadas.
La Procuradora mostró su preocupación por las dificultades en la aprobación de normas sobre garantías y promoción de participación política de organizaciones y movimientos sociales, movilización y protesta social, reforma política y Ley del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual recomendó al Gobierno nacional promover el debate legislativo de estos proyectos.
Además, expuso avances en la cobertura de los componentes de la ruta de reincorporación social y económica para más de 11.500 personas y la compra de 11 predios para la consolidación de nueve Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
Así mismo, indicó que “la Procuraduría constituyó agencias especiales para intervenir en los procesos judiciales de 420 crímenes contra lideresas y líderes sociales y 250 hechos victimizantes contra personas en proceso de reincorporación”.En relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se evidencian desafíos, pues solo el 8% de los beneficiarios han recibido proyectos productivos y aún no existen modelos de sustitución para resguardos y consejos comunitarios. Por tal razón, la Procuradora recomendó involucrar a los sectores de agricultura y ambiente y a las entidades y autoridades étnicas y territoriales.
Frente al enfoque de género expuso que de 4.606 iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el 25.5 % tienen una ruta de implementación definida, y manifestó avances en la territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Montes de María, Putumayo, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño.
En cuanto al enfoque étnico, indicó que el 57 % de los 100 indicadores del Plan Marco de Implementación cuentan con una ficha que permite su medición, que solo se ha adelantado el 19% de ejecución y que ninguna de las comunidades priorizadas en este capítulo cuenta con un Plan de Retorno, Restitución y Restablecimiento de los Derechos Territoriales implementado.
Fuente: Procuraduría General de la Nación