Las propiedades están ubicadas en municipios del Eje Cafetero y Cundinamarca.
En proceso judicial por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, la cual impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 65 bienes, avaluados en algo más de 4.000 millones de pesos, los cuales están ubicados en Manizales (Caldas), Quimbaya (Quindío), Pacho (Cundinamarca) y Bogotá.
Los elementos de prueba recopilados contra una red dedicada a la venta ilícita de chance pusieron en evidencia propiedades y lujos que harían parte de un patrimonio constituido con la presunta explotación ilegal de juegos de suerte y azar.
En el curso del proceso y gracias a las verificaciones financieras realizadas, la Fiscalía constató que los bienes identificados pertenecerían a los presuntos integrantes de una organización delincuencial señalada de vender ilegalmente chance en el barrio Eduardo Santos y el sector de San Andresito de la 38, en el centro de Bogotá.
Entre los supuestos responsables de esta actividad hay trabajadores de un grupo empresarial que tiene la exclusividad en la operación de apuestas permanentes y otros juegos de azar en Cundinamarca y Bogotá. Al parecer, estas personas aprovecharon su posición y conocimiento en la compañía, accedieron a las bases de datos y extrajeron información privilegiada para sostener el negocio ilícito.
De esta manera, la estructura delincuencial habría obtenido rentas criminales de 8.160 millones de pesos anuales, y generó una defraudación al Estado y al grupo empresarial por algo más de 124.000 millones de pesos, en 10 años.
Esta acción responde a los lineamientos definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, que priorizó la persecución de los activos de las estructuras responsables de delitos contra la seguridad ciudadana.
CON INFORMACIÓN FGDN
Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.