La estructura estaría en cabeza de integrantes de una misma familia. 10 personas fueron capturadas. Durante las diligencias judiciales fueron rescatadas 15 mujeres extranjeras, 4 de ellas menores de edad entre 15 y 16 años.
Una reprochable conducta contra mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad fue detectada y neutralizada gracias a la acción articulada de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Policía Nacional y Migración Colombia.
En un año de investigaciones quedó en evidencia una red de trata de personas señalada de
engañar a menores de edad y jóvenes extranjeras para, posteriormente, someterlas a
explotación sexual y tratos degradantes.
El material de prueba permitió conocer que algunos integrantes de esta estructura se
ubicaban en pasos fronterizos de Arauca y contactaban niñas, adolescentes y mujeres, muchas de ellas venezolanas, quienes ingresaban solas o con sus pequeños hijos al país. Al parecer, les hacían ofrecimientos de trabajo como meseras y las convencían de viajar a Yopal (Casanare).
Al llegar a la ciudad, supuestamente, les retenían los documentos de identificación y les
exigían pagar los costos del transporte con servicios sexuales que debían ejercer en tres
establecimientos nocturnos. Para someterlas, las amenazaban con denunciarlas ante las
autoridades por ser migrantes.
Las víctimas quedaban confinadas, mientras la deuda iba en aumento. Les cobraban el
hospedaje y la manutención, y les imponían multas cuando se negaban a los vejámenes,
discutían con los hombres que frecuentaban estos lugares o intentaban escapar.
Las técnicas investigativas desplegadas, el trabajo de agentes encubiertos y el testimonio de tres mujeres, dos de ellas de 15 y 16 años rescatadas en febrero de este año, permitieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) documentar cada una de las actividades ilícitas.
La caída
En diligencias judiciales realizadas en Yopal (Casanare) fueron capturadas 10 personas, tres de ellas en condición de flagrancia, que harían parte de esta red de trata. Algunos de los
procedimientos se cumplieron en tres establecimientos comerciales, en los cuales fueron
encontradas 15 mujeres venezolanas, 4 de ellas menores de edad de 15 y 16 años, a quienes se les reestablecieron sus derechos.
Entre los detenidos está alias ‘Rosa’, la presunta articuladora del andamiaje ilegal y la
encargada de contactar las víctimas en los pasos fronterizos; además de sus hijos y otros
familiares, supuestos administradores de los negocios nocturnos y los señalados de presionar, amenazar, imponer las multas y mantener encerradas a las mujeres.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas 10 personas los delitos de proxenetismo con menor de edad, trata de personas y concierto para delinquir agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Los afectados con la decisión son:
• Isabelina Fonseca Rosas, ‘Rosa’.
• Jonathan David Fonseca Rosas.
• Ángela Fonseca Rosas.
• Isabelina Fonseca Rosas (hija).
• Gloria Yasmín Leal Fonseca
• Orliannys Arianna Yánez Carreño.
• Marcos Antonio Lujano Chiquito.
• Franyerson Miguel Rodríguez.
• Julio Cesar Africano Jiménez.
• Dixon Orlando Otalvarez Soto.
La defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y de las mujeres, fue definida como prioridad en el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. En ese sentido, continuarán las investigaciones para desarticular otras estructuras dedicadas a conductas ilícitas como la trata de personas y la explotación sexual.
CON INFORMACIÓN FGDN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.