En las últimas horas un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.
Según elementos recopilados, bajo Ley 600/00, Aníbal Gaviria Correa incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz (tramo La Cruzada–Caucasia).
La Fiscalía encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal de la Paz (tramo La Cruzada–Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $ 41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.
Según el Fiscal general de la Nación «Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia», igualmente señaló que se «constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos».
Las reacciones en el país no se hicieron esperar y a través de la red social twitter se han visto mensajes de apoyo y solidaridad con el mandatario; igualmente exigen justicia, pues presuntamente no se está garantizando el debido proceso y por otro lado hay quienes afirman que se trata de una cortina de humo por parte del ejecutivo.
